El caso comenzó el 12 de noviembre de 2024, cuando Wanda denunció a Icardi por violencia psicológica y económica. La Justicia le otorgó medidas cautelares y ordenó desalojar al futbolista del domicilio familiar en el edificio Chateau Libertador.

En respuesta, Icardi contraatacó con una denuncia por estafa procesal. Alegó que Wanda presentó información falsa sobre su residencia para lograr su exclusión del hogar. También afirmó que, durante el desalojo, desaparecieron objetos de valor, entre ellos un reloj Rolex y unos 60.000 dólares.

La situación escaló aún más en junio de este año, cuando Icardi, con una orden judicial, se presentó a buscar a sus hijas. Wanda se negó a entregarlas, lo que derivó en la intervención policial. Tras más de diez horas, se cumplió la orden judicial.

El exdelantero del Galatasaray también denunció a Nara por una supuesta transferencia no autorizada de 7 millones de euros desde su cuenta personal. Además, en julio la acusó ante la Justicia italiana por la presunta difusión de un video íntimo con fines de venganza.

A la denuncia por "revenge porn" se sumó la actriz Eugenia “China” Suárez, actual pareja de Icardi, quien también apuntó contra Wanda por la filtración del video. Nara negó los hechos y aseguró que no necesita responder a “acusaciones infundadas”.

Por otro lado, Icardi reveló en la Justicia italiana que Wanda habría mantenido una relación paralela durante tres años con su excompañero de equipo Keita Baldé. Presentó chats y registros de cámaras como prueba.

Mientras tanto, Wanda formalizó el divorcio en Milán en marzo, con la infidelidad de Icardi acreditada en el proceso. En sus redes sociales, la empresaria expresó: “No tengo que probarle nada a nadie. Estoy firme en mi lugar”.

El conflicto sigue abierto en tres jurisdicciones: Argentina, Italia y Turquía. Las causas abarcan desde violencia doméstica y cuestiones patrimoniales hasta delitos informáticos. La tensión mediática no cede y todo indica que la disputa judicial aún está lejos de resolverse.