Hoy comienza el juicio oral y público contra la reconocida actriz Andrea del Boca y el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, entre otros exfuncionarios del kirchnerismo, por presunta defraudación al Estado en el financiamiento de la telenovela "Mamá Corazón". 

La causa, que se remonta a 2015, investiga el supuesto desvío de fondos públicos destinados a la producción de contenidos audiovisuales. Según la acusación, se habrían firmado convenios entre el Ministerio de Planificación Federal y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) para la realización de la telenovela "Mamá Corazón", producida por la empresa A+A Group S.R.L., propiedad de Del Boca. Se alega que la UNSAM subcontrató a la productora privada, lo que habría eludido controles y generado un perjuicio económico para el Estado. 

El Tribunal Oral Federal 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, será el encargado de llevar adelante el proceso. La fiscalía estará a cargo de Fabiana León. Se espera la participación de 97 testigos, entre ellos figuras del espectáculo como Marcelo Mazzarello, Fabián Mazzei y Fernando Dente, así como políticos como Hernán Lombardi y Tristán Bauer. 

Andrea del Boca, procesada como partícipe necesaria de defraudación por administración fraudulenta, expresó en sus redes sociales su deseo de que el juicio aclare la situación: "Después de una larga espera de 8 años, finalmente el juicio que va a poner luz ya tiene fecha de comienzo en 2025. Sepan que quien más empujó deseando que esto comenzara fui yo. Nunca me escapé ni me escondí. Celebro esta noticia. Le doy la bienvenida con total seguridad y completa transparencia. Será justicia". 

Por su parte, Julio De Vido, exministro de Planificación Federal, enfrentará el juicio como presunto autor del delito de administración fraudulenta. La defensa de Del Boca sostiene que los capítulos de "Mamá Corazón" fueron realizados y entregados al Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentino (BACUA), pero que su exhibición no era responsabilidad de la actriz ni de su productora. Sin embargo, informes de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) señalan irregularidades en los contratos y en el flujo de dinero, cuestionando la necesidad de tercerizar la producción a una empresa privada. 

El juicio, que se llevará a cabo de manera remota, representa un paso significativo en la búsqueda de transparencia en el uso de fondos públicos destinados a producciones culturales. La atención pública y mediática estará puesta en el desarrollo de este proceso, que podría sentar precedentes en la gestión de recursos estatales en el ámbito artístico.