El miércoles 13 de agosto de 2025 será recordado como un día histórico para la justicia de género en Argentina. Mientras Julieta Prandi lloraba de alivio tras conocer la condena de 19 años de prisión para Claudio Contardi por abuso sexual, días antes en la Ciudad de Buenos Aires la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres profundizaba la investigación contra Matías Woloski por una estafa millonaria que podría convertirse en el leading case de violencia económica. "Esto tiene que marcar un precedente", declaró Prandi tras conocer su sentencia. Sus palabras resuenan considerando que paralelamente se desarrolla el caso de Andrea Alejandra Luis contra el creador de Auth0, que podría marcar ese mismo antes y un después en violencia patrimonial. La justicia avanza, pero le falta el paso decisivo La justicia penal argentina demostró contundencia en casos de violencia física y sexual con la condena a Contardi. Ahora tiene la oportunidad de hacerlo con la misma firmeza contra la violencia económica. El reciente pronunciamiento de la Corte Suprema confirmó que la acción penal contra Woloski se encuentra plenamente vigente, consolidando la viabilidad de la persecución. El entramado millonario oculto La Fiscal especializada Mariela Labozzetta logró el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Woloski para reconstruir el patrimonio sistemáticamente ocultado. La evidencia es abrumadora: mientras en el juicio civil de divorcio Woloski aseguraba que "no existían bienes gananciales" y ganaba menos de $14.000 mensuales, dirigía un imperio de siete sociedades en Argentina y el extranjero. Estructuras offshore en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas configuran una de las maniobras de ocultación más elaboradas registradas en la justicia argentina. Y ninguno de esos activos fue declarado en el divorcio. El despojo documentado Las escrituras públicas aportadas al expediente demuestran cómo Andrea Luis fue inducida a ceder bajo engaño sus derechos sobre Auth0 Inc. y Tokens Ventures Ltd., sin conocer la valuación real. Recibió un departamento valuado en USD 170.000 como "compensación" por participaciones que se venderían por USD 6.500 millones.

La Cámara de Apelaciones consideró evidente que Luis jamás habría renunciado voluntariamente de haber conocido el verdadero valor, calificando la maniobra como abuso de confianza y manipulación económica en un contexto de violencia de género. "Es revictimización pura" La relevancia jurídica del caso trasciende lo judicial. Visiblemente molesta, Andrea Luis denunció nuevas formas de violencia: "Primero me estafaron millones, después me ocultaron la verdad, y ahora me siguen lastimando llamando a mi dolor una 'aventura procesal'", declaró con la voz quebrada. "¿Acaso para los abogados de Matías la Facultad de Derecho de la UBA dicta conferencias sobre ficciones? ¿La Corte Suprema confirma 'aventuras judiciales'? Es violencia sobre violencia", agregó, refiriéndose a las descalificaciones que motivaron su denuncia por revictimización. Andrea Luis se refiere a que la UBA organiza una conferencia "El Precedente Woloski de la CSJN. Fraude entre cónyuges" el 19 de agosto, dictada por especialistas en derecho de familia y perspectiva de género, lo que revela la trascendencia -incluso académica- que está suscitando este litigio. La prueba de fuego El caso trasciende la esfera individual. Muchas separaciones involucran ocultación patrimonial, pero pocas llegan a la justicia penal. Si se establece que la violencia económica puede ser perseguida penalmente con estas herramientas, cambiaría el panorama para las mujeres injustamente destratadas en tantos procesos de divorcio. En un país donde la violencia económica afecta a tantas mujeres, el caso Woloski será la prueba que determine si Argentina está dispuesta a proteger a las mujeres en todas las formas de violencia machista, cerrando para siempre la puerta a la impunidad patrimonial que durante siglos mantuvo a las mujeres en vulnerabilidad económica.