Una comunidad que creyó en el sueño de hacer cine de manera colectiva, ahorros familiares puestos en juego y una pregunta que, según los denunciantes, todavía no tiene respuesta: ¿qué pasó con el dinero invertido?

Dieciocho personas presentaron una denuncia penal conjunta contra Orsai Audiovisuales S.R.L. y Hernán Casciari, su socio gerente, por la posible comisión del delito de estafa. En el escrito, patrocinado por el abogado Ariel Marcelo Gil Ces, solicitan que se investigue si los perjuicios económicos denunciados responden a una operatoria común y reclaman una rendición documentada de las cuentas de distintas producciones audiovisuales.

El caso pone bajo la lupa un modelo que prometía acercar el público a la industria cinematográfica: convertirse en socio productor, aportar dinero para financiar películas y series, participar de determinadas decisiones y acceder a eventuales ganancias por la explotación comercial de las obras.

Pero lo que para muchos comenzó como una oportunidad de formar parte del mundo del cine terminó, según sus testimonios, en una larga cadena de reclamos, explicaciones que consideran insuficientes y retornos económicos muy inferiores a las sumas aportadas.

La denuncia identifica a Casciari y a Orsai Audiovisuales como denunciados y solicita que se investigue también la eventual intervención de otras personas. No se trata de una condena ni de una declaración judicial de culpabilidad: será la investigación la que deberá determinar si existió un delito y quiénes podrían ser responsables.

DE LA ILUSIÓN DE HACER CINE A LOS RECLAMOS POR EL DINERO

El escrito reconstruye el desarrollo de los proyectos desde 2020 y menciona producciones como La Uruguaya, Canelones, Sola en el Paraíso, La Muerte de un Comediante, Emi On Off y D.A.M./Mi Historia con Diego.

Según la documentación presentada, el sistema llegó a reunir aproximadamente 23.640 participaciones en diferentes proyectos, una cifra que no equivale necesariamente a la misma cantidad de personas, porque algunos inversores participaron en más de una producción.

Los denunciantes sostienen que la propuesta se presentó con promesas de transparencia, acceso a información económica, presupuestos independientes, participación en determinadas decisiones y distribución proporcional de eventuales ganancias.

Con el paso del tiempo, aseguran, comenzaron a aparecer diferencias entre esas expectativas y la información que recibían. Entre los cuestionamientos enumeran la falta de presupuestos desglosados, rendiciones incompletas, modificaciones presupuestarias sin explicaciones suficientes y dificultades para conocer los ingresos y egresos de cada película.

Uno de los puntos más sensibles es el presunto uso de fondos de una producción para cubrir necesidades de otra. El escrito sostiene que Casciari habría explicado públicamente que, cuando un proyecto necesitaba recursos adicionales, se utilizaba dinero proveniente del proyecto siguiente.

Para los denunciantes, esa práctica plantea una cuestión central: los aportantes de una película no necesariamente eran los mismos que habían financiado la anterior. Por eso reclaman que se determine qué fondos ingresaron, cómo fueron utilizados y qué documentación respalda cada movimiento.

“NO ERA UNA DONACIÓN, ERA UNA INVERSIÓN”

Los testimonios incluidos en la presentación judicial describen el impacto económico y emocional que habría tenido la experiencia en los socios productores.

Mariana Paola Gregorio contó que conoció la propuesta a través del programa Perros de la Calle, donde, según su relato, escuchó reiteradas afirmaciones sobre la recuperación del capital y la posibilidad de obtener ganancias.

“Esto no es crowdfunding, es una inversión”, recordó como una de las frases que atribuye a Casciari.

Gregorio aseguró que terminó aportando 1.700 dólares al proyecto inicialmente conocido como Peretti Project, que luego se convirtió en La Muerte de un Comediante. También cuestionó que, pese a sus reiterados pedidos, no recibió documentación que le permitiera verificar los gastos, las facturas, la contratación de personal ni la liquidación de los ingresos de taquilla.

Su relato agrega un elemento que excede la discusión sobre la rentabilidad: la posibilidad de participar de una producción no significaba, según ella, poder acceder a la información necesaria para entender sus resultados económicos.

Otro de los denunciantes, Facundo Agustín Pedrotti, relató que invirtió en Canelones y La Muerte de un Comediante después de escuchar las presentaciones públicas del proyecto.

Pedrotti afirmó que aportó un total de 850 dólares entre 2021 y 2022 y que, según su declaración, hasta el momento de realizar el reclamo solamente había recibido 9,87 dólares.

En su testimonio describió su frustración por los cambios en el desarrollo de Canelones y por la falta de respuestas sobre las cuentas. También comparó el mecanismo de utilizar recursos de una producción para cubrir déficits de otra con una cadena de préstamos en la que, según su interpretación, quienes terminaban soportando las pérdidas eran los inversores.

La denuncia incorpora además el testimonio de María Alecia Izturriaga, quien resumió el impacto personal de la experiencia con una frase contundente: “Siento que estoy atravesando un duelo porque realmente creí en este proyecto”.

Izturriaga cuestionó los cambios en las producciones, la falta de información que consideró verificable y la difusión de obras sin una consulta previa a los socios. Su reclamo, explicó, no se limita a recuperar dinero: también apunta a que se respete el compromiso de transparencia con el que, según su relato, fueron convocados.

LOS NÚMEROS QUE ENCENDIERON LA ALARMA

Uno de los ejemplos incluidos en el escrito es el de La Muerte de un Comediante, película dirigida y protagonizada por Diego Peretti.

Lautaro Nahuel Lin Racioppi declaró que compró 12 bonos por un total de 600 dólares. Según su testimonio, a casi nueve meses del estreno había recibido acreditaciones por 16,92 dólares, equivalentes al 2,82% del capital aportado.

Luis Adrián Salvatto, por su parte, aseguró haber invertido 500 dólares en Canelones y 2.000 dólares en La Muerte de un Comediante. En su declaración indicó que el saldo que figuraba en su billetera de Orsai era de 56,40 dólares, aproximadamente el 2,25% del total invertido.

Maricela Ballatore relató una situación similar: dijo haber aportado 1.000 dólares a La Muerte de un Comediante y tener acreditados 28,20 dólares como recupero del capital.

Las cifras corresponden a los relatos individuales incorporados a la denuncia y no constituyen, por sí solas, una auditoría de los resultados de las producciones. Precisamente, los denunciantes sostienen que necesitan balances completos para conocer la recaudación, los gastos, las obligaciones pendientes y los criterios utilizados para calcular los importes que les correspondían.

La diferencia entre el capital aportado y los pagos recibidos es uno de los principales argumentos que exponen para pedir una investigación contable.

EL ROL DE LOS FAMOSOS: LA VISIBILIDAD QUE GENERÓ CONFIANZA

El capítulo mediático también ocupa un lugar importante en la denuncia. Los denunciantes mencionan que conocieron los proyectos a través de entrevistas, programas de radio, presentaciones públicas y comunicaciones vinculadas con figuras reconocidas del espectáculo.

Entre los nombres que aparecen en los relatos están Andy Kusnetzoff, conductor de Perros de la Calle; Diego Peretti, protagonista y director de La Muerte de un Comediante; Justina Bustos, vinculada con el documental Sola en el Paraíso; y Andrés Kusnetzoff, asociado en el escrito al proyecto documental D.A.M./Mi Historia con Diego, relacionado con material sobre Diego Maradona.

La importancia de esas figuras, según los testimonios, estuvo en la confianza que despertaba la propuesta. Algunos denunciantes explicaron que conocían y admiraban a los artistas o seguían desde hacía años los programas en los que se hablaba de las producciones. Esa familiaridad contribuyó, de acuerdo con sus relatos, a que consideraran confiable el modelo de inversión.

Patricia Liliana Arias, por ejemplo, contó que escuchó las presentaciones de Casciari y del equipo de Perros de la Calle sobre la posibilidad de comprar bonos para participar en una película protagonizada por Peretti. Aseguró que invirtió 50 dólares y que la propuesta incluía la expectativa de multiplicar el dinero y participar en distintas instancias de la producción.

Facundo Pedrotti también relató que la posibilidad de contar con actores conocidos reforzó su decisión de invertir en Canelones y, posteriormente, en La Muerte de un Comediante.

El caso plantea así una pregunta sobre la frontera entre la promoción de un proyecto cultural y la confianza económica que esa promoción puede generar en el público.

Sin embargo, hay una distinción fundamental: que una figura del espectáculo haya participado de una película, aparecido en un programa donde se difundía el proyecto o contribuido a su visibilidad no demuestra que haya intervenido en una eventual irregularidad. La denuncia no permite atribuir automáticamente responsabilidad penal a los artistas mencionados. Para eso sería necesario acreditar una conducta concreta y su eventual relevancia jurídica.

LAS PRODUCCIONES BAJO LA LUPA

El documento también detalla cuestionamientos específicos sobre distintos títulos.

En el caso de La Uruguaya, la presentación señala que el proyecto habría recaudado aproximadamente 600.000 dólares y cuestiona la diferencia entre las expectativas de rentabilidad difundidas y los resultados económicos informados a los socios productores.

Sobre Canelones, los denunciantes describen sucesivos cambios en el formato de la obra: inicialmente se presentó como una serie de seis capítulos, luego como una producción de cuatro capítulos y finalmente también como película. Reclaman que no hubo rendiciones diferenciadas que permitieran seguir económicamente cada etapa.

En relación con Sola en el Paraíso, cuestionan que el documental terminara disponible gratuitamente para el público sin una estrategia comercial que, según su interpretación, respondiera a las expectativas iniciales.

Respecto de Emi On Off, sostienen que la cesión del proyecto a PEGSA y su posterior venta a Netflix modificaron las condiciones bajo las cuales habían participado originalmente los socios productores, incluidos aspectos vinculados con los créditos y la eventual participación económica.

En cuanto a D.A.M./Mi Historia con Diego, el escrito plantea interrogantes sobre la situación de los derechos de imagen, la continuidad del proyecto y la comercialización de bonos, mientras se habrían producido cambios en la estructura empresarial vinculada con la producción.

La presentación también cuestiona aspectos de la distribución y exhibición de La Muerte de un Comediante, así como la falta de una rendición integral del presupuesto respaldada por comprobantes.

Todos estos puntos forman parte de los cuestionamientos de los denunciantes y deberán ser contrastados con los contratos, las cuentas de la empresa, los derechos comerciales y la documentación de cada producción.

CARTAS DOCUMENTO Y UN PEDIDO DE AUDITORÍA

Antes de acudir a la Justicia, varios de los socios productores afirman haber enviado cartas documento para reclamar rendiciones de cuentas y acceso a la documentación respaldatoria. En distintos testimonios señalan que las respuestas fueron negativas o que no obtuvieron contestaciones satisfactorias.

El escrito solicita que los denunciantes sean convocados a ratificar la presentación, que se incorpore la prueba ofrecida y que se requiera a Orsai Audiovisuales una rendición de cuentas de los proyectos involucrados.

También pide una auditoría contable de la empresa y que Hernán Casciari y otras personas que el juez considere pertinentes sean convocados a prestar declaración indagatoria, si corresponde conforme al avance de la investigación.

La pretensión no se limita a discutir si una película fue rentable o si una producción tuvo problemas. El eje del reclamo es determinar si existió información suficiente sobre el manejo del dinero, si los fondos se utilizaron conforme a las condiciones comunicadas a los aportantes y si hubo conductas que puedan constituir un delito.

¿QUÉ CONDENA PODRÍA CORRESPONDER?

La denuncia invoca el artículo 172 del Código Penal argentino, que contempla el delito de estafa. Esa norma establece una pena de prisión de un mes a seis años para quien defraude a otra persona mediante ardid o engaño, entre otras modalidades previstas en el artículo.

La escala penal puede consultarse en el texto actualizado del Código Penal publicado por el Estado argentino. .

No obstante, la existencia de pérdidas económicas, el incumplimiento de expectativas comerciales o la falta de rentabilidad de una película no configuran automáticamente una estafa. La investigación deberá establecer si existió un engaño penalmente relevante, qué información conocían quienes recibieron los aportes, cómo se administraron los fondos y qué intervención tuvo cada persona.

Los denunciantes solicitan que, si se acreditan los delitos, se impongan las penas correspondientes. Pero todavía no puede afirmarse que haya una condena ni anticiparse cuál sería su alcance.

UNA PREGUNTA QUE SIGUE ABIERTA

Detrás de los montos y los títulos cinematográficos hay una historia común que atraviesa los testimonios: personas que aseguran haber confiado en una propuesta de producción colectiva, haber aportado dinero y haber esperado durante años explicaciones que consideran insuficientes.

Algunos buscaban una rentabilidad económica. Otros también querían aprender sobre cine, participar de rodajes, intervenir en determinadas decisiones o formar parte de una comunidad cultural. Muchos afirman que la falta de información terminó deteriorando esa confianza.

Ahora, los denunciantes quieren que la discusión deje de depender de comunicaciones parciales y pase por documentación verificable: presupuestos, facturas, contratos, ingresos por exhibición, acuerdos de distribución y movimientos contables.

La Justicia tendrá que determinar si detrás de las diferencias denunciadas hubo una administración deficiente, conflictos contractuales o hechos que encuadren en una figura penal.

Mientras tanto, la pregunta que atraviesa la presentación continúa sin una respuesta definitiva: ¿cómo se administró el dinero de quienes financiaron los proyectos de Orsai y por qué, según sus testimonios, tantos aportantes aseguran haber recibido apenas una pequeña parte de lo invertido?